Ilustración: María María Acha Kutscher

El costo de la violencia

Escritora e investigadora, Patricia Leidl asegura que es indispensable proteger más a las mujeres y las niñas si se quiere ayudar a las comunidades a recuperarse de las crisis y superar la pobreza.

Nancy tenía sólo 14 años cuando se despidió de su madre con un beso antes de irse a estudiar con los amigos. Esa fue la última vez que Marta Rebaldo (nombre ficticio) vio a su hija.

Una llamada perdida podría haberle dado una pista sobre el paradero final de la adolescente. Pero Marta estaba cumpliendo su turno de 12 horas en una de las miles de maquiladoras (fábricas de importación y exportación) de México, por lo que no pudo contestar el teléfono. “Si lo hubiera hecho, ¿habría podido ayudarla?”, se pregunta. “No lo sé”.

Hoy , esa llamada sin responder sigue obsesionando a Marta, de 45 años, madre de tres hijos. La epidemia de femicidio imperante en México se había cobrado una nueva víctima: una más de entre las 44.000 registradas en las últimas tres décadas.

Según las estadísticas del gobierno de México, en 2015 el número de mujeres y niñas asesinadas fue de siete por día, sin contar las decenas de miles de mujeres que, como Nancy, simplemente desaparecieron.

Todas las mañanas Marta Rebaldo acompaña a sus otras dos hijas a la escuela y se encuentra con ellas todas las tardes cuando salen de clases. Las sigue cuando visitan a los amigos y, para vergüenza de las jóvenes, hoy ya adolescentes, no les pierde pisada cuando van de compras. Incluso va con ellas a la tienda de la esquina ubicada a una cuadra de donde viven. Ninguna de las dos está sola un minuto.

Sin embargo, la vigilancia que mantiene Marta le cuesta caro. A la determinación de proteger a sus otras dos hijas se suma la búsqueda inútil de la que desapareció: en primer lugar en la policía, luego en la morgue, enseguida en la Fiscalía y otra vez empezar un día infructuoso tras otro. Exhausta, Marta tuvo que dejar su trabajo.

El banco le embargó su pequeña casa y sus ahorros se esfumaron. Ella teme que sus hijas tengan las mismas dificultades que ella o, peor aún, terminen formando parte de una pandilla. La hermana mayor fue siempre muy protectora y aconsejaba a sus hermanas menores que no hicieran caso a los halagos de los matones del lugar. “Cuando Nancy desapareció perdí mi luz y todos nosotros perdimos nuestro futuro”, aseguró.

Un generador de pobreza

Es una historia, pero una de los millones en todo el mundo. Pues según los expertos, la violencia de género no solo destruye las familias y hace trizas los fundamentos mismos de una comunidad, sino que también es un importante generador de pobreza. Además de las cicatrices físicas y psicológicas que quedan en las personas directamente afectadas, la violencia de género tiene repercusiones que van más allá de las comunidades locales y que afectan a la capacidad de las comunidades para recuperarse totalmente tras una crisis.

“Cuando Nancy desapareció perdí mi luz y todos nosotros perdimos nuestro futuro”.

Marta Rebaldo, cuya hija desapareció yendo a casa de unos amigos.

Patricia Leidl

Escritora y redactora radicada en Kabul (Afganistán). Ha descrito ampliamente la violencia de género. Su reciente libro, The Hillary Doctrine, Sex and American Foreign Policy, escrito conjuntamente con Valerie M. Hudson, está disponible en Columbia University Press.

Incluso en los países donde la economía funciona bien en tiempos de relativa calma, la violencia doméstica es una pérdida significativa de recursos nacionales. En Chile, un estudio del gobierno mostró que la violencia doméstica cuesta al Estado el equivalente a 1.560 millones de dólares —o más de un 2% del producto interno bruto del país (PIB)— y esto solamente en salarios perdidos de las mujeres. En Estados Unidos, el costo de la violencia contra la mujer por parte de su pareja supera —según los cálculos— los 5.800 millones de dólares por año.

Aunque gran parte de los datos gira en torno a la violencia doméstica, los estudios indican que la violencia de género en todas sus formas está correlacionada con un PIB inferior. En Sudáfrica, por ejemplo, los investigadores de KPMG, una empresa de auditoría y servicios profesionales, estiman que, entre 2012 y 2013, la violencia contra las mujeres y las niñas le costó al país entre el 0,9 y el 1,3% de su PIB, porcentajes que, según los investigadores, están por debajo de la realidad.

En América Latina, donde el femicidio y la violencia de género alcanzan cifras que figuran entre las más altas del mundo, los efectos en la economía son graves, no solo porque llevan las familias a la ruina, sino también fuera de sus países. Según un reciente artículo publicado en la revista estadounidense The Nation, las mujeres entrevistadas afirmaron que la violencia doméstica y el miedo al femicidio son algunas de las principales razones para salir del país.

Este tipo de violencia tiene un impacto económico que se puede sentir hasta en ‘El Norte’ (Estados Unidos) donde las autoridades fronterizas en el suroeste detuvieron a más de 740.000 familias y rechazaron el paso a 60.000 niños no acompañados en el año fiscal de 2016 (octubre de 2015-septiembre de 2016). Los costos de encarcelamiento, reagrupamiento familiar y búsqueda, alojamiento, deportación y comida son astronómicos.

El costo intangible del sufrimiento

La investigación y la administración raras veces reflejan otros costos más “intangibles” como el dolor y el sufrimiento, el efecto psicológico en los niños, que puede afectar a su futura capacidad de ganarse la vida. Tampoco estudian las pérdidas multigeneracionales, es decir, la oportunidad económica que pierden los niños que son testigos de violencia extrema, cuyas madres son asesinadas o que son retirados de la escuela porque los padres temen que sean explotados sexualmente, violados y/o muertos.

Estos costos, según Priyanka Bhalia, asesora de la Federación Internacional en violencia de género para la región de Asia y el Pacífico, solo pueden entenderse cuando se los examina en el largo plazo, lo cual pocas organizaciones internacionales, gobiernos o instituciones educativas han llevado a cabo hasta el momento.

“La violencia de género afecta a las comunidades en todos los sentidos. Hay efectos psicológicos y efectos económicos. Si deben ir a la policía o incurrir en gastos médicos, ello puede llevar la familia a la ruina”.

Bhalia señala que en muchos casos, el estigma y el silencio implican que las víctimas y sus seres queridos prefieren no hacer la denuncia ni buscar atención médica. Esto es particularmente cierto en el caso de las sobrevivientes que residen en estados caracterizados por la extrema pobreza, los desastres humanitarios, unos gobiernos débiles y unos altos índices de violencia contra las mujeres y las niñas.

“El problema con las organizaciones internacionales es que rara vez vemos los efectos a largo plazo de la violencia de género”, precisa Bhalia. En general, gran parte de las actividades internacionales de asistencia y desarrollo no se extienden más allá de los cinco años.

“La violencia de género tiene un efecto económico que se ve con el tiempo. Si no trabajas en la comunidad durante un período más o menos largo y no vuelves cada cierto tiempo, simplemente no lo verás”, observa.

“La violencia de género afecta a las comunidades en todos los sentidos. Hay efectos psicológicos y efectos económicos. Si deben ir a la policía o incurrir en gastos médicos, ello puede llevar la familia a la ruina”.

Priyanka Bhalia, asesora de la Federación Internacional en violencia de género para la región de Asia y el Pacífico.

Agravada por las emergencias

Asimismo, en los lugares afectados por un desastre natural u otra crisis, a menudo no hay suficientes datos fiables sobre la frecuencia de la violencia de género, por lo que es difícil saber con precisión cómo varía esta frecuencia tras una situación de estas. Sin embargo, hay indicios cada vez más evidentes de que el empobrecimiento causado por las situaciones de emergencia contribuye a aumentar tanto la incidencia como los efectos de la violencia de género.

Según un estudio mundial publicado por la Federación Internacional en 2015, las presiones económicas aumentadas por un desastre intensifican, al parecer, las tensiones familiares y la violencia de género.

En el informe se observa que la forma en que se trata de resolver (o no) el problema de la pobreza tras un desastre tiene también sus repercusiones. Cuando no hay otra opción económica, las mujeres y las niñas víctimas de abuso sexual tienen que permanecer con el varón que abusa de ellas.

La pobreza y la desesperación también pueden obligar a muchas mujeres y niñas a contraer matrimonio o a practicar sexo transaccional (a cambio de dinero, alimentos o protección), volviéndose así más vulnerables a los traficantes. Por otra parte, los programas de ayuda a las mujeres deben diseñarse y realizarse con mucho cuidado, porque las nuevas oportunidades económicas pueden exponer a las niñas y las mujeres a nuevos riesgos (por ejemplo, si tienen que viajar a un nuevo puesto de trabajo).

Si bien la violencia de género a menudo es invisible para los observadores externos, en el informe se insta a las organizaciones humanitarias y los gobiernos a dar por supuesto que dicha violencia existe. Muchas organizaciones de ayuda, entre ellas los componentes del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, se están preocupando más por integrar en sus intervenciones en casos de emergencia la protección de las personas objeto de violencia sexual y de género.

Antes de la temporada de huracanes, por ejemplo, la Cruz Roja de Haití utiliza la radio, la televisión y los servicios de SMS de telefonía móvil para explicar la forma de prepararse y sensibilizar al mismo tiempo a la población sobre la violencia de género.

Con el apoyo del CICR, las mujeres de Casamance (Senegal) ya no necesitan salir del pueblo para buscar comida y, por lo tanto, están menos expuestas a caer en manos de atacantes. Gracias a los proyectos para favorecer los medios de vida (donación de molinos de grano, semillas y equipo agrícola, creación de huertas y formación, entre otros) se ha logrado reducir el número de mujeres que sufren violencia sexual.

Estos son solo dos ejemplos de una larga lista de esfuerzos, respaldados a nivel mundial por una resolución aprobada por la XXXII Conferencia Internacional, en diciembre de 2015, que condena específicamente la violencia por motivos de género en todas sus formas —pero sobre todo en situaciones de desastre y de conflicto armado— y pide a los componentes del Movimiento y a los Estados que hagan todo lo posible por abordar este problema.

Sin embargo, esos esfuerzos de asistencia, prevención y protección, están más centrados en salvaguardar la salud y el bienestar de las víctimas que en considerar el efecto económico o las repercusiones en la recuperación general de la comunidad.

No obstante, numerosos estudios sobre proyectos de microcrédito dirigidos a las mujeres muestran el papel fundamental que estos desempeñan en la cohesión económica y social de las comunidades empobrecidas. Para las sobrevivientes de la violencia sexual, a menudo marginadas o aisladas por sus familias y comunidades, las intervenciones que contribuyen a proteger su dignidad y volver a poner en marcha sus medios de vida son esenciales para ayudarlas a recuperarse y, en definitiva, contribuyen con la economía del lugar donde viven.

Las mujeres que tienen mucho miedo a aventurarse fuera de la casa o solo pueden estar pendientes de la seguridad de sus seres queridos, no pueden cultivar la tierra, mantener a sus hijos ni proporcionar el amor, el apoyo y la protección que los niños requieren. Como consecuencia de las situaciones de emergencia, la protección de las mujeres no solo es esencial para el derecho a la vida y la dignidad de todas las mujeres, sino también para la plena recuperación de una comunidad afectada.

A medida que se prolongan los conflictos, que la violencia en las zonas urbanas se va arraigando cada vez más y que el cambio climático lleva a una feroz competencia por los escasos recursos, muy a menudo se pasa por alto la contribución que hacen las mujeres a la resiliencia de sus comunidades.

O, como la hija de Marta Rebaldo, desaparece. Y los efectos nos perjudican a todos.

En el municipio de Djibidione, en la región senegalesa de Casamance, las mujeres pueden ganar su vida en zonas más seguras de la ciudad gracias a un programa de huertas puesto en marcha por el CICR. Aquí, las mujeres disponen los pimientos para secarlos al sol. Fotografía: José Cendon/CICR

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