UNA SITUACIÓN QUE SE REPITE:
Abril de 2015: Dos hermanos que trabajaban para la sección local de la Media Luna Roja de Yemen fueron muertos a tiros en la ciudad portuaria de Adén, mientras trasladaban a los heridos a una ambulancia. Ambos llevaban el emblema de la media luna roja. El mismo día, dos voluntarios de la Media Luna Roja Árabe Siria resultaron muertos en el desempeño de sus tareas humanitarias. 

Por cada persona muerta, una estela de devastación. Familiares y colegas conmocionados y tristes. Heridos y enfermos abandonados a su suerte. Los dirigentes de la Federación Internacional, del CICR y de la Sociedad Nacional en declaraciones conjuntas condenan los ataques e instan a todas las partes a que respeten el derecho internacional humanitario (DIH) y permitan a los trabajadores humanitarios tener un acceso seguro y sin obstáculos a las personas necesitadas.

Y nuevamente:

Septiembre de 2015: dos voluntarios de la Media Luna Roja de Yemen resultaron muertos junto con otros civiles durante un ataque aéreo en la zona de Al-Swaida de Taiz, elevando a ocho el número de empleados y voluntarios muertos de esta Sociedad Nacional en el ejercicio de sus funciones, entre marzo y septiembre de 2015.

Noviembre de 2015: dos voluntarios de la Media Luna Roja Árabe Siria perdieron la vida cuando un proyectil de mortero estalló en una zona civil de Homs mientras transportaban suministros en el marco de un proyecto de ayuda a los niños traumatizados por elconflicto.

La lista sigue
Desde el inicio del conflicto en Siria, más de 52 socorristas de la Media Luna Roja Árabe Siria y 8 de la Media Luna Roja Palestina han perdido la vida mientras desempeñaban su labor humanitaria. No es que trate de muertes aisladas, sino que ocurren en un contexto en el que las normas que protegen a los civiles en los conflictos son sistemáticamente pasadas por alto y en el que el uso de explosivos de alto impacto en zonas urbanas densamente pobladas es moneda corriente. El mismo día de septiembre en que los dos voluntarios yemeníes perdieron la vida, por ejemplo, un ataque aéreo mató a más de 130 personas que asistían a una boda en Yemen.

Esto no quiere decir que el DIH no se respete nunca. En muchas zonas de guerra hay personas que toman parte a diario en operaciones en las que los trabajadores humanitarios obtienen de los combatientes garantías, basadas en el derecho y los principios humanitarios, de que no se hará fuego contra ellos ni se los hostigará de ninguna otra forma.

Este tipo de situaciones no suele salir en las noticias ni se viraliza en las redes sociales, pero tiene un efecto concreto. El CICR asegura, por ejemplo, que las normas de la guerra permiten el acceso humanitario que se necesita en Siria para suministrar agua potable a 20 millones de personas. Gracias a la Convención de Ottawa que prohíbe el uso y la producción de las minas terrestres, el número de muertes y lesiones por año se ha reducido de 20.000 a 3.000.

Sin embargo, en los últimos años, estos signos de progreso se han visto eclipsados por el constante torrente de malas noticias para el derecho humanitario.

En Alepo (Siria), a principios de este año, en un solo día cuatro centros médicos situados a ambos lados de la línea del frente fueron alcanzados por cientos de granadas, bombas y morteros que cayeron sobre la ciudad, matando a más civiles.

“No puede haber ninguna justificación para estos horrendos actos de violencia dirigidos deliberadamente contra hospitales y clínicas, que están prohibidos por el derecho internacional humanitario. Numerosas personas mueren en esos ataques. Ya no hay ningún lugar seguro en Alepo. Ni siquiera los hospitales, declaró Marianne Gasser, jefa de la delegación del CICR en Siria.

Varios de los ataques más mortíferos afectaron a los hospitales apoyados por Médicos sin Fronteras (MSF). En uno de estos incidentes ocurrido en mayo de 2016, 14 personas perdieron la vida, entre ellas dos médicos. “[El ataque] mató a uno de los últimos pediatras que quedaban en la ciudad”, precisó más tarde al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas Joanne Liu, presidenta internacional del grupo.

Pero este tipo de incidentes no solo ocurren en el conflicto sirio. En octubre de 2015, un avión de guerra estadounidense bombardeó un hospital administrado por MSF en Kunduz (Afganistán). Cuarenta y dos personas resultaron muertas, entre ellas 24 pacientes, 14 trabajadores de salud y cuatro cuidadores. Una investigación realizada por funcionarios estadounidenses determinó que el ataque se debió a una serie de errores de pilotaje y en la cadena de mando, y no era la intención del piloto tomar por blanco el hospital.

Ya se trate de errores trágicos o de estrategias intencionales, los incidentes de esta naturaleza se han vuelto demasiado frecuentes. Según la Coalición para Preservar la Salud en los Conflictos, un consorcio de importantes instituciones médicas internacionales creado recientemente, los hospitales de cinco países —Afganistán, Irak, Libia, Siria y Yemen— han sido objeto de bombardeos aéreos y ataques con explosivos lanzados desde el suelo.

La creciente frecuencia de estos ataques explica que a principios de mayo de 2016, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas haya aprobado por unanimidad una resolución para reforzar la protección de los trabajadores de salud, los enfermos y heridos, los hospitales y dispensarios en las zonas de guerra. “Cuando los llamados ataques quirúrgicos terminan golpeando a hospitales es que algo está funcionando muy mal”, dijo entonces el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon.

Llamamiento a la acción
Por estas razones, muchos esperaban que la Cumbre Humanitaria Mundial , reunida en Estambul el pasado mes de mayo con el objetivo de abordar reformas importantes en la asistencia humanitaria, también fuera una oportunidad para mejorar la protección de los civiles en los conflictos. Un mes antes de la Cumbre, el secretario general de Naciones Unidas dio a conocer un informe en el que precisamente exponía el siguiente argumento: en caso de conflicto armado, adherirse al DIH es la mejor forma de mitigar el sufrimiento humano.

Pero la estructura de la Cumbre, un evento multilateral que puso a las organizaciones no gubernamentales (ONG) en pie de igualdad con los Estados, no fue pensada para contraer compromisos vinculantes entre los Estados; tendió, más bien, a centrarse en los acuerdos entre donantes y grupos humanitarios, y en las reformas dentro del sistema humanitario.

Para algunas organizaciones, como MSF, este foco de atención perjudicó los esfuerzos políticos de alto nivel dirigidos a proteger a los civiles y los trabajadores de salud. Tres semanas antes de la reunión, MSF anunció que no participaría en señal de protesta. “La Cumbre se ha convertido en una declaración de buenas intenciones, permitiendo que estas violaciones sistemáticas, cometidas principalmente por los Estados, sean pasadas por alto”, explicó en una declaración MSF.

El Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja adoptó una postura diferente. Aunque asistieron a la Cumbre solo 55 jefes de Estado, la reunión ofreció una importante ocasión para impulsar la acción en apoyo de las protecciones básicas del DIH.

“¿Qué recordarán los historiadores futuros acerca de los tiempos actuales? –preguntó Peter Maurer, presidente del CICR, a los asistentes a una de las reuniones de la Cumbre. ¿Que millones de personas fueron atacadas intencionalmente o por descuido, que se destruyeron sus viviendas, hospitales y escuelas, que ciudades enteras fueron reducidas a escombros por las bombas, que millones de hombres, mujeres y niños se vieron obligados a desplazarse? Todavía tenemos la posibilidad de construir una historia distinta”.

Al concluir la Cumbre, los 48 Estados miembros de Naciones Unidas participantes aprobaron una declaración en la que afirman la importancia del DIH y la adhesión a sus normas. Pero está por verse si esa promesa (suscrita por varios Estados involucrados en conflictos actuales) y la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas cambiarán la forma en que se libra la guerra.

Uno de los principales problemas es que las organizaciones humanitarias, los especialistas en derecho y los Estados no han logrado un consenso sobre la
forma de velar por el cumplimiento de las normas de la guerra. En virtud de lo dispuesto en los Convenios de Ginebra y el Protocolo adicional I, un Estado parte en un conflicto armado internacional puede utilizar tres mecanismos para abordar casos de infracción: designación de un Estado neutral que represente el interés de los civiles y los detenidos, investigación por una comisión internacional y enjuiciamiento de los autores de violaciones graves.

Los dos primeros mecanismos raras veces se han puesto en práctica, en parte porque es necesario el común acuerdo de las partes para establecerlos. Hoy, su uso es todavía menos probable, dado que la mayoría de los conflictos armados implican a Estados y uno o más grupos armados no
estatales. Sin embargo, se ha procedido al enjuiciamiento de autores de violaciones ante cortes y tribunales nacionales e internacionales, sobre todo desde la década de 1990.

El origen del respeto
En ausencia de un mecanismo de aplicación claro y eficaz, prosiguen los esfuerzos tendentes a mejorar el cumplimiento por otros medios. El CICR, por ejemplo, sigue instando a los Estados, las fuerzas armadas y los grupos armados no estatales a que incorporen a las leyes y usos los principios previstos en los Convenios de Ginebra. Los esfuerzos van desde sesiones de formación con los soldados y los mandos superiores hasta hacer presión sobre los legisladores para que promulguen leyes que codifiquen el DIH en el derecho nacional.

En los conflictos actuales cada vez más complejos, en los que interviene una multitud de grupos armados no estatales con filosofías políticas y estructuras de mando no jerárquicas muy diversas, esa tarea se ha vuelto muy difícil.

La formación tradicional en materia de DIH y su difusión son posibles cuando las fuerzas tienen una “estructura vertical” y cadenas de mando claras, lo que no es tan evidente en muchos conflictos armados actuales.

“Tomemos el ejemplo de Libia, donde solo en Misrata había 246 grupos armados registrados”, señala Fiona Terry, investigadora del CICR que ha escrito mucho sobre la acción humanitaria en los conflictos. Dicho esto, Terry advierte que algunos observadores tienden a insinuar que los grupos armados son los principales infractores del DIH. “Los Estados también han violado el derecho internacional humanitario y cometido atrocidades”, afirma.

Dada la índole cambiante de los conflictos, el CICR, interesado en saber qué induce a la gente a respetar o no las normas de la guerra, sea cual sea el tipo de organización a la que pertenezca, encargó a Terry y otros investigadores que actualizaran un estudio de 2004 llamado El origen del comportamiento en la guerra. La actualización aborda las repercusiones que ha tenido la integración de la formación en DIH en las fuerzas armadas, la razón de que se produzcan violaciones y el motivo por el que la gente se abstiene de conculcar las normas de la guerra. Esta investigación podría servir para documentar nuevos enfoques que se adapten mejor a los conflictos contemporáneos.

Mientras tanto, dice Helen Durham, directora de Derecho Internacional y Políticas Humanitarias del CICR, parte de la respuesta radica en mejorar la labor de comunicación no solo de las violaciones sino también de los ejemplos de cuando el derecho está surtiendo efecto y las consecuencias concretas que el respeto tiene en el terreno. “Demostrar el valor práctico de limitar el sufrimiento durante la guerra recuerda a todos la importancia del DIH”, dice Durham. “Si bien puede parecer muy difícil habida cuenta del flujo de información que se recibe todos los días, nos interesa a todos seguir resaltando el hecho de que incluso la guerra tiene límites”.

Si bien las violaciones de las normas de la guerra tienden a captar más el interés de los medios, todos los días se dan casos, como este convoy de la Media Luna Roja Árabe Siria, en el que el derecho internacional humanitario permite salvar vidas en los conflictos. Este convoy se dirigía a al-Foua y Kefraya, dos localidades situadas en la gobernación de Idlib (Siria), en marzo de 2016. Fotografía: REUTERS/Ammar Abdullah