Transformar vidas entre rejas
En centros penitenciarios de la ciudad de México, personas voluntarias de Cruz Roja no sólo salvan vidas, sino que dejan un efecto dominó de compasión hacia los demás.
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Por:
Andrew Connelly
Fotos:
Victor Lacken
Ilustraciones:
Pierre Chassany
El año pasado en la frontera franco-italiana, un médico voluntario rescató a una mujer nigeriana embarazada que avanzaba penosamente por un camino nevado en los Alpes y la condujo al hospital más cercano. La policía francesa abrió una investigación contra él por asistencia a persona que entraba al país ilegalmente.
Y en Estados Unidos, un voluntario que proporcionó comida, agua y alojamiento a unos migrantes que atravesaron el tramo más difícil del desierto de Arizona está procesado.
Cada caso es diferente, pero representa una tendencia que se da cada vez con mayor frecuencia: las autoridades hacen lo posible por desalentar la migración y a la vez tienen en la mira no solo a los migrantes sino también a quienes les ofrecen diversos tipos de asistencia humanitaria.
Al menos 16 ONG y asociaciones han sido afectadas por el procesamiento penal o la investigación de sus voluntarios, según se señala en un informe de 2019 de la Plataforma Social de Investigación sobre Migración y Asilo (ReSoma), financiada por la Unión Europea. En el informe se da cuenta de 49 casos en curso de investigación y de procesamiento penal en once países de la Unión Europea, en los que estaban implicadas 158 personas.
Según una declaración reciente firmada por 102 ONG, incluida la Oficina de la Cruz Roja ante la Unión Europea en Bruselas (Bélgica), los jueces independientes no han encontrado pruebas contundentes para dictar condenas en la mayoría de los casos. Esto implica que los procesos judiciales a menudo se utilizan políticamente para que se desista de actuar solidariamente y se propicie un entorno hostil para los migrantes.
Los defensores de estas leyes y acciones judiciales sostienen que son necesarias para frenar lo que consideran una afluencia insostenible de migrantes. Afirman con frecuencia que las acciones de las organizaciones humanitarias, incluidos los rescates realizados para salvar vidas, fomentan la migración.
En 2015, las embarcaciones de búsqueda y salvamento tripuladas por diversas organizaciones no gubernamentales rescataron a miles de migrantes, pero cada vez con mayor frecuencia se confiscaron sus embarcaciones y a su tripulación se la arres
Mientras tanto, se siguen perdiendo vidas. De enero a octubre de 2019, más de 1.000 migrantes murieron ahogados cruzando el mar Mediterráneo y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados advirtió que, si no se reanudan las operaciones de búsqueda y salvamento, el número de víctimas mortales entre los migrantes seguirá aumentando.
El problema, aseguran los expertos, es que los gobiernos ya no ven la migración como una preocupación humanitaria, sino como una cuestión de seguridad. Las autoridades invocan cada vez más las políticas de seguridad, los objetivos antiterroristas y la legislación contra la trata de personas para justificar la promulgación de leyes penales, así como una serie de nuevas exigencias a los organismos humanitarios. Ejemplo de esto es pedir a las organizaciones humanitarias que transmitan los datos personales de los migrantes que recaban como parte de la labor de socorro.
“Algunas autoridades piensan que como la Cruz Roja está llevando a cabo algunas actividades relacionadas con los centros de acogida, esto les da derecho a disponer de los datos que tenemos de las personas que estamos ayudando”, observa Anais Faure Atger, jefa de la unidad de migración en la oficina de la Cruz Roja ante la Unión Europea. “Pero no es esa ni debería ser la manera de proceder”.
Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja se rehúsan a responder a tales peticiones porque ello pondría en peligro sus esfuerzos. Después de todo, los migrantes han de recorrer ya un camino peligroso repleto de personas en las que a veces se ven obligados a confiar, aunque no se pueda confiar en ellas en absoluto.
Tomemos el caso de Amer Al-Hussein, quien salió de Idlib (Siria) con su esposa y sus cuatro hijos a principios de 2019. Como el mar les daba miedo, intentaron cruzar la frontera terrestre greco-turca con unos traficantes. Se suponía que se encontrarían con un hombre del otro lado. “Pero no apareció y nos quedamos allí durante cinco días”, cuenta a Cruz Roja Media Luna Roja. “Mi hija menor se estaba deshidratando”.
La familia al final terminó en un centro de tránsito en la frontera de Grecia y Macedonia del Norte en espera del resultado de su solicitud de asilo. “No es fácil estar en Siria”, dice Hussein. “Pero tuve mucho miedo por mis hijos durante las noches que pasamos en el bosque [cerca de la frontera greco-turca]… Estaba lloviendo y no teníamos nada para cubrirnos”.
En este contexto, un emblema conocido en el que se tiene confianza puede salvarle la vida a uno. “Si veo el símbolo de la cruz roja o de la media luna roja me da confianza y pienso que alguien se ocupará de mí”, dice. “Al menos nos darán agua, alimentos, ropa y asistencia médica”.
Para las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja de Europa, mantener esta confianza significa caminar por una línea clara y humanitaria en un ambiente político y jurídico muy tenso. En el norte de Francia, la policía desaloja sistemáticamente los campamentos de migrantes, por lo que sus residentes se dispersan y a los grupos de ayuda les es más difícil llegar a ellos.
“La Cruz Roja es un emblema y un símbolo de protección muy conocido, por lo que debemos asegurarnos de que no se le asocie a las acciones policiales”, señala Florent Clouet, que coordina la acción de acompañamiento a los migrantes de la Cruz Roja Francesa. “Pero lo que es aún más importante, tenemos que demostrar continuamente que estamos ahí para todos. Tratamos a todas las comunidades de la misma manera”.
Las cuestiones sobre la imparcialidad de la ayuda se están planteando en otros frentes, ya que se han establecido diversas formas de financiación humanitaria y de desarrollo (por ejemplo, el Fondo Fiduciario de Emergencia de la Unión Europea para África) que están relacionadas en gran parte con estrategias de gestión de la migración destinadas a impedir el movimiento de población hacia Europa. Así pues, se podría considerar que las organizaciones que aceptan este tipo de financiación para llevar a cabo una labor importante realizan un programa antimigrantes.
“Es fundamental recalcar que la razón por la cual emprendemos determinado proyecto humanitario es porque existen necesidades, establecidas por medio de una evaluación exhaustiva y no por un programa político”, añade Atger.
A medida que las organizaciones humanitarias se enfrentan a estos nuevos retos, se van echando por la borda elementos fundamentales del derecho de los tratados (como el derecho de los refugiados y el derecho del mar, que exigen que las embarcaciones salven a las que se encuentran en peligro). Las ONG humanitarias sostienen que los Estados deben respetar las obligaciones que les incumben en virtud de los tratados y, al mismo tiempo, revisar cuidadosamente las leyes contra la trata de personas a fin de establecer una clara distinción entre el tráfico de personas y los actos de humanidad.
“La gente toma caminos peligrosos y se expone a riesgos muy altos porque no hay opciones legales para que lleguen a la UE y busquen protección”, asegura Atger. “Tenemos que empezar a plantearnos la cuestión de la migración como una preocupación humanitaria y no como un acto delictivo”.
Bleeding feet. Cold mountain roads. Sidewalk for a bed. A typical day for thousands of migrants making the long trek on foot through Colombia. These are their stories.